Con este enfoque preventivo y correctivo, los abogados fiscalistas contribuyen a que las personas físicas y jurídicas superen los embates de una inspección, reestructuren sus obligaciones y retomen sus actividades comerciales o profesionales con la tranquilidad de haber agotado todas las vías legales disponibles. Cuando las dificultades se agravan y se enfrentan potenciales sanciones de alto importe, el rol de un abogado fiscal se torna decisivo, pues debe combinar habilidades de negociación con la Hacienda Pública con un conocimiento profundo de la jurisprudencia más reciente y de los criterios interpretativos de la Dirección General de Tributos. Estos profesionales, comúnmente denominados abogado fiscalista, construyen estrategias encaminadas a minimizar las sanciones y a proponer pagos fraccionados que alivien la presión financiera sobre el contribuyente.